Los estudiantes con discapacidades son uno de los grupos más discriminados y segregados entre las minorías en las escuelas públicas de nuestro país. Nos preocupa profundamente que el hecho de que el Gobierno federal haya transferido la supervisión de la educación especial y los derechos civiles —protecciones incluidas en la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés)— a dos agencias no educativas pueda suponer un retroceso en los derechos civiles colectivos de casi ocho millones de jóvenes de nuestro país que reciben servicios de educación especial.
Aunque Nueva York, que es el distrito escolar más grande del país, lleva mucho tiempo luchando por cumplir y financiar los requisitos de los Planes Educativos Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés) en todas las escuelas, tenemos la esperanza de que nuestra ciudad y nuestro estado hagan todo lo que esté en su poder para que este cambio en la financiación, la supervisión y la obligación de rendir informes a nivel federal no interfiera en los esfuerzos que se llevan realizando desde hace tiempo para apoyar mejores resultados académicos y una integración más sólida de los más de 300 000 alumnos con discapacidades de la ciudad de Nueva York.